Tras varios libros publicados y casi 50 años ejerciendo como periodista en los principales medios de España, Fernando Jáuregui (Santander, 1950) sigue igual o más activo que al principio. En su nueva obra Los abogados que cambiaron España, el autor narra la relevante labor que desempeñaron los juristas durante los años de la dictadura franquista como protectores y garantes de los derechos civiles; así como su contribución al proceso de transición democrática que le siguió.
Su larga trayectoria profesional, siempre ligada al ámbito jurídico, le ha permitido asistir a muchos de los cambios que ha sufrido el sector, de los que subraya el viraje al ámbito económico de una profesión que, reflexiona, debería tener una implicación política mucho más significativa.
¿Qué relevancia tuvieron los abogados durante la dictadura y en el proceso de transición?
El régimen no lo tenía tan fácil para actuar contra los abogados. El franquismo no se podía permitir dar la impresión de que era una dictadura inconcebible, aunque lo era, por lo que tuvo que respetar una serie de normas como el secreto profesional, el derecho a reunión y un cierto derecho de publicación y libertad de expresión. Los abogados aprovecharon estas prerrogativas para organizarse como fuerza de oposición. De hecho, hay unos años en los que los abogados encarnan la oposición. Tras la muerte de Franco empieza un proceso de transformación en el que la abogacía y los políticos tuvieron un papel crucial: llegar a un consenso para reformar España, lo que supuso dar una vuelta al Estado como un calcetín.
¿Cuál es el papel de la abogacía en el escenario actual? ¿Ha perdido relevancia?
Las cosas han cambiado. Ahora, los despachos laboralistas que antaño lucharon por los derechos civiles durante la dictadura y en los años posteriores no hacen tanta falta como antes. No obstante, la abogacía sí se ha acomodado: ¿quién iba a pensar hace unos años que el ánimo de lucro iba a ser el principal móvil de la profesión? Los juristas deberían estar mucho más presentes en los grandes debates jurídicos; deben representar una voz de la sociedad civil.
¿Significa esto que los abogados y colegios deben posicionarse políticamente?
Por lo menos deberían dar entrada a los debates que están presentes en la sociedad. España ha perdido mucha pureza democrática; se está legislando en caliente sobre temas de actualidad. Los debates se centran en el escenario ideológico y no en su aspecto técnico, como es el caso de la eutanasia o la prisión permanente revisable. Este tipo de asuntos no puede caer exclusivamente en manos de los políticos, ya que muchas veces estos actúan con desprecio a la idea del derecho natural. España es un país de abogados, demostrémoslo.
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